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SFP denuncia ante FEPADE retención ilegal de salarios a servidores públicos, para aportarlas al PRI

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Se entregan evidencias documentales de las aportaciones partidistas que retuvieron funcionarios de Hacienda por 79 millones de pesos en 6 años
Ilegalmente se endosaron y cobraron cheques de 700 servidores públicos estatales

La Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado, presentó formal denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a fin de que se investiguen penalmente, hechos posiblemente constitutivos de delito electoral, por las retenciones que se hicieron, a funcionarios durante la pasada administración, para entregar y beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
 
Como parte de la denuncia, se adjuntó evidencia documental, que acredita cómo los descuentos ilegales, realizados por la Secretaría de Hacienda a más de 700 servidores públicos, fueron entregados al secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Chihuahua, quien recibió en efectivo como “aportaciones del Ejecutivo para el PRI Estatal”. 
 
Tan solo de enero a diciembre del 2015, y únicamente considerando las retenciones de la Administración Pública Estatal centralizada, el monto asciende a 14 millones 617 mil 881 pesos. En tanto que el total retenido al sector centralizado, y entregado al PRI durante  la administración 2010-2016, supera los 79 millones de pesos. 
 
Entre las pruebas presentadas destacan:
1.- Relación de todos los servidores públicos a quienes les fue retenido parte de su ingreso, así como los “talones de pago” en los que se observa el monto que correspondía a cada persona y el monto que se recibió realmente una vez aplicado el descuento ilegal.
 
2.-Copias de los cheques indebidamente autorizados, endosados y cobrados cada mes, por los entonces funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.
 
3.- Recibos firmados por el secretario de Administración y Finanzas del PRI estatal, por el monto total retenido cada mes, a los servidores públicos.
 
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece en su Artículo 11, una pena de dos a nueve años de prisión, para aquel servidor público que “Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie, para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.
 
Con la presentación de esta denuncia, se reitera el compromiso del gobernador Javier Corral, de llevar ante la justicia, a quienes cometieron actos delictivos en el ejercicio de las funciones públicas y que afectaron el patrimonio de los chihuahuenses.

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